COLUMNA DE OPINION: Se Terminan las Excarcelaciones Anticipadas: ¿Solución u oportunismo político?

* COLUMNA DE OPINION:

El Senado Nacional este próximo jueves planea darle sanción definitiva al proyecto de ley impulsado por el Diputado Nacional Luis Petri (UCR – Cambiemos). El proyecto tomó mayor protagonismo a raíz del lamentable caso de Micaela García, la joven de 21 años que fue atacada sexualmente y luego asesinada a principios del mes de abril en la Provincia de Entre Ríos por Sebastián Wagner quien había sido beneficiado con una salida anticipada otorgada por el Juez Carlos Rossi. Cabe preguntarse ¿Esto será oportunismo político o realmente es un proyecto que viene a solucionar el problema? ¿Traerá realmente la seguridad que tanto esperamos los argentinos o es solo un proyecto para calmar la opinión pública con miras a las elecciones legislativas de octubre?

Haciendo un análisis del proyecto de ley podemos decir que su esencia es limitar las salidas transitorias y el otorgamiento de la libertad condicional para los condenados por determinados delitos considerados graves. El sistema jurídico argentino las implementa como medidas destinadas a integrar al condenado de “a poco” a la sociedad. En pocas palabras podemos decir que las salidas transitorias son una especie de beneficio para los condenados que ya han cumplido, en general, la mitad de su condena. Por ejemplo quien es condenado a 6 años de prisión, después de cumplir los 3 años de encierro y con un informe previo que presentan diferentes especialistas al juez, éste puede permitirle salir a trabajar o estudiar y a realizar visitas a su familia en el día y volver a la noche a prisión. Con el proyecto de ley presentado, si se sanciona, este beneficio no será más otorgado a todos los internos, se establecerá un listado de los delitos considerados graves en los cuales estarán totalmente prohibidas las salidas transitorias.

Por otro lado, podemos decir que la libertad condicional consiste en otorgarle la libertad al interno bajo ciertas reglas como fijar un domicilio, que consiga un trabajo, que no cometa nuevos delitos, entre otras; y se otorga por lo general después de haber cumplido 2/3 de la condena impuesta. Ejemplo: Una persona condenada a 9 años de prisión, podrá recuperar su libertad bajo ciertas reglas que le fije el Juez luego de pasar 6 años (2/3) en prisión. De sancionarse la nueva ley esto no será posible para determinados delitos considerados graves.

Planteado de esta manera, a simple vista la ley parece acertada. Ya que no tendremos en libertad a un condenado por un delito grave hasta que no finalice la totalidad de la condena impuesta por un Tribunal. Pero haciendo un análisis más profundo del tema, podemos descubrir que la solución planteada en el proyecto de ley del Diputado Petri (UCR – Cambiemos) es un tanto oportunista, e intentare explicarle el porqué con un ejemplo. Apliquemos el sentido común y hagamos un simple cálculo matemático, que beneficio real trae a nuestra sociedad que una persona que fue condenada a 9 años de prisión en enero del año 2015, recupere su libertad bajo ciertas reglas al cumplir 2/3 de su condena total (6 años después), por lo tanto estaría caminando con casi total libertad entre nosotros en enero del año 2021. Bien, ahora supongamos que se sancione esta nueva ley que se anuncia con bombos y platillos y que los medios de comunicación afines al Gobierno de turno la plantean como la solución a todos nuestros males, siguiendo el ejemplo anterior él condenado a 9 años en enero del año 2015, podría caminar tranquilamente entre nosotros en enero del 2024, ya que finalizaría la totalidad de su condena. ¿Esta es la solución? Que nos quieren hacer creer que porque estuvo 3 años más en prisión va a salir totalmente resocializado, apto para vivir en sociedad asegurándonos que nunca más va a cometer un delito ¿con esta solución simplista el Gobierno tienen planeado solucionar el problema de la inseguridad? ¿Ustedes creen qué si de esta manera tan sencilla se solucionaría el problema a nadie se le hubiera ocurrido aplicarla antes?

Lamentablemente nuestros legisladores nacionales, nos venden espejitos de colores, mienten presentando soluciones falsas que ya fueron implementadas y no dieron ningún resultado positivo jamás, ya que uno, dos o tres años más o menos va a ser lo mismo, esto no soluciona nada. Y más si le agregamos que reformas similares ya han sido declaradas inconstitucionales. Claramente es una medida oportunista que busca llamar la atención, que utiliza como base de apoyo el miedo y el dolor generalizado de la población por los hechos de inseguridad que nos sacudieron en estos últimos tiempos.

Necesitamos planes integrales que ataquen el problema de fondo si queremos soluciones reales, modificando los medios utilizados para la resocialización del condenado a prisión y no este tipo de parches que solo dilatan el problema “lo patean para adelante”, con un sistema carcelario en pésimas condiciones éste no es más qué un caldo de cultivo para nuevos delincuentes, como se dice en la jerga en la mayoría de los casos entran a una cárcel siendo delincuentes primarios y salen con un doctorado en delincuencia.

El problema es que se necesita inversión, y estas nunca llegan. Pongamos un claro ejemplo, estamos en el año 2017 con todos los avances tecnológicos en nuestras manos, ni siquiera invierten en las conocidas “tobilleras o pulseras electrónicas” (Dispositivos Electrónicos de Control) que por cierto están contempladas en la ley, una forma sencilla y rápida de ubicar a un prófugo que no haya vuelto de una salida transitoria o que no haya cumplido una regla de conducta en la libertad condicional y deba ser detenido nuevamente, ya que en la actualidad frente a estos casos se tardan meses y meses en encontrarlos, si es que los vuelven a encontrar. En fin, como siempre las opiniones estarán divididas y cada uno sacará sus propias conclusiones, para algunos este proyecto es perfecto, para otros no lo será, pero no nos dejemos engañar, esto no ataca el problema de fondo, por lo tanto no soluciona nada.

* Sebastián Plá: Estudiante avanzado de Derecho – Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario. Ayudante Alumno en la Cátedra de Derecho Procesal Penal, Facultad de Derecho – UNR.