COLUMNA DE OPINION: 2 x 1 para Genocidas

* COLUMNA DE OPINIÓN

Comenzaré ésta nota en primer lugar repudiando totalmente el fallo de la Corte Suprema que marca un retroceso en la lucha por los Derechos Humanos, y dejando bien en claro quién es el personaje al que beneficia directamente ésta decisión, él es Luis Muiña integrante de un grupo de choque parapolicial durante la última Dictadura Cívico-Militar (1976-1983), quien había sido condenado por el delito de privación ilegítima de la libertad agravado por el uso de violencia, amenazas y tormentos, calificados como delitos de lesa humanidad, contra cinco personas de las cuales una de ellas sigue desaparecida. Los hechos ocurrieron en 1976, cuando en el Hospital Posadas de Haedo (Bs As) un operativo militar comandado por Reynaldo Bignone ingresó  al establecimiento sanitario y detuvo al personal del mismo que luego fue trasladado al centro clandestino de detención “El Chalet”, donde fueron privados ilegalmente de la libertad y torturados. Una de las víctimas  Jorge Mario Roitman, médico de 32 años, quien a la fecha de la sentencia permanece en condición de desaparecido, por lo que convierte al delito en permanente, esto quiere decir que se sigue cometiendo en el tiempo mientras no aparezca la víctima, viva o muerta. Lo cual le da una característica distintiva a esta clase de delitos, además de las propias de los delitos de lesa humanidad que por su gravedad son imprescriptibles (se pueden perseguir siempre, sin importar cuando fueron cometidos), inamnistiables e inindultables (no pueden ser perdonados).

Por ello a fines del 2011 Muiña fue condenado por un Tribunal Oral Federal a la pena de 13 años de prisión, la cual fue apelada en diferentes oportunidades y como es de público conocimiento el caso llego a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la cual por una resolución muy polarizada se impuso la postura de los tres Ministros Highton, Rosenkrantz y Rosatti, sobre los dos disidentes Lorenzetti y Maqueda. Declarando aplicable a Muiña el beneficio de la Ley 24.390 conocida como “Ley 2×1”, que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, la cual establecía que si la prisión preventiva excedía los dos años, ese excedente se contaría como doble y se “descontaría luego en la condena impuesta en la sentencia”.  Lo increíble de esta decisión es que al momento del hecho (1976) la ley llamada 2 x 1 no existía, al momento de la detención preventiva de Muiña en el año 2007 dicha ley ya estaba derogada hacía 6 años y al  momento de la sentencia seguía derogada. Claramente éste beneficio rompe con todo sentido común y con el mismísimo sistema jurídico.

De esta manera bochornosa y grosera se otorga un beneficio a un Genocida, y a su vez se deja una puerta abierta para beneficiar a otros que se encuentren en similares condiciones, en un claro desprecio a la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia llevada adelante todos estos años por los Organismos de Derechos Humanos, fundamentalmente Abuelas, Madres e Hijos de desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado. Sobre este último punto está la mayor gravedad e inconsciencia por parte de la Corte, ya que como informó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, a raíz de esta decisión 278 represores podrían salir de prisión por el beneficio 2 x 1. Entre ellos, los genocidas Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta y Ricardo Cavallo quienes eran responsables de la represión en la ESMA.

Desde el plano jurídico, podemos agregar que dicha resolución nos pone en “infracción” ante los Organismos Internacionales, ya que Argentina está comprometida por medio de Tratados Internacionales a perseguir, investigar y sancionar de manera adecuada esta clase de delitos. Tratados que expresan claramente que al estar comprometido el Estado con la comunidad internacional no puede luego aplicar una ley interna que reduzca o mitigue la sanción adecuada aplicada en una sentencia, tornando ficticio el compromiso asumido. Como se ve claramente, es la mismísima Corte Suprema cabeza del Poder Judicial, la que viola de manera descarada esta prohibición internacional.

Así también desde el plano político se rompe con una política de Estado asumida ya desde el Gobierno de Alfonsín con sus errores y aciertos, luego profundizada en la década pasada, dando un avance y cumplimiento fenomenal a los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, tarea destacada y utilizada como ejemplo por la comunidad internacional en su conjunto.

Por último, no puedo terminar esta nota sin decir que cuando uno le da lectura al fallo, sinceramente en primer lugar no puede salir del asombro y en segundo lugar es imposible no pensar que los señores jueces se pusieron de acuerdo para otorgarle un beneficio a los Genocidas de la última dictadura y luego discutieron qué fundamento jurídico darle. Cabe agregar a esto último que el beneficio se da por un principio del Derecho Penal llamado aplicación de la Ley Penal más Benigna, que básicamente establece que si un hecho se comete hoy y mañana se dicta una nueva ley que establece una pena menor para ese hecho que la vigente ayer, se me aplicará esta última por ser más benigna. Esto se da a raíz de que se sostiene teóricamente que la sociedad al reducir la pena a determinado delito, ha hecho un cambio de valoración de esa conducta, por lo tanto no la quiere sancionar de la misma manera que lo hacía antes. Esta explicación “de Manual”, no se debe aplicar tan tajantemente en este caso con la Ley 2 x 1  por tratarse de un delito continuado y por ser un delito de lesa humanidad, ya que cuentan con componentes distintos y además porqué al momento de la detención de Muiña la ley ni siquiera estaba vigente. En este punto está la discusión técnico jurídica y el grosero error de la Corte

Por último hay que destacar que a pesar de lo lamentable del fallo, marcando un claro retroceso en la materia, la sociedad en su totalidad junto a los Organismos de Derechos Humanos reacciono de manera ejemplar rechazando en todo el país la decisión, también cabe destacar que el Congreso Nacional por amplia mayoría en Diputados y por unanimidad en el Senado, sancionó una ley que intenta limitar la aplicación del beneficio 2 x 1 a los condenados por delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.

En fin, mi deseo es que esto solo sea un trago amargo en esta larga lucha por la Memoria, Verdad y Justicia, pasando a la historia como un caso aislado luego corregido por un Tribunal Internacional superior a nuestra Corte y el cual Nunca Más se volvió a repetir…

* Sebastián Plá: Estudiante avanzado de Derecho – Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario. Ayudante Alumno en la Cátedra de Derecho Procesal Penal, Facultad de Derecho – UNR.