Posted on: 26 marzo, 2020 Posted by: . Comments: Comments

Mucho se debatió por estos días de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio si se deben cortar las rutas provinciales o nacionales para aislar a los pueblos como modo de prevenir el ingreso del Covid-19.

Algunos intendentes presionados por la fuerza de la gente decidieron hacerlo y otros quedaron «embretados» entre flaquear ante las críticas de los vecinos en las redes sociales o ajustarse a lo que establece la Constitución Nacional y Provincial y el Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó el Presidente de la Nación ante la pandemia mundial.

Ahora la que habló es la justicia provincial a través de Héctor David y José Gómez Demmel, Fiscales Generales Adjuntos a cargo de la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba quiénes a través de la Instrucción General nº 1 del 2020 instruyen que:

– «El poder de los gobiernos municipales y comunales no puede ejercerse –restricción que se acentúa en épocas de emergencia como la actual- en desmedro de lo prescripto por normas de carácter nacional y provincial»

– «los municipios y/o comunas carecen de facultades para establecer restricciones mayores y/o de otra índole o tenor que las prescritas en normativa nacional y provincial pertinente, y para impedir el ingreso o egreso de su ejido así como tampoco se encuentran legitimados para contemplar excepciones no previstas en las disposiciones legales referidas. Un actuar contrario, a más de entorpecer el accionar diseñado en el marco de la emergencia sanitaria, deviene susceptible de enmarcar en un ejercicio abusivo de las facultades locales y su correspondiente tipificación penal»

– “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes naciones o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

– «Se prevé prisión de tres meses a dos años para “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

Por último en su resolución los Fiscales Generales Adjuntos a cargo de la Fiscalía General de la Provincia, resuelven:

I.- Instruir a los fiscales y fiscalas a extremar las medidas necesarias para garantizar la vigencia y respeto de la Constitución y normas nacionales y provinciales en el marco de este estado de emergencia sanitaria .

II.- Notifíquese a los fiscales y fiscalas, intendentes y jefes comunales de la Provincia de Córdoba.

El comunicado está fechado el 26 de marzo de 2020.

Aquí el comunicado:

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