Posted on: 3 julio, 2020 Posted by: . Comments: Comments

Cerrado el sumario administrativo, los empleados despedidos pueden hacer uso de otro recurso llamado técnicamente «recurso de re-consideración» a través del cual por medio de un escrito piden a la patronal que revea la medida, fundamentando su pedido en varios puntos a ser considerados.

A través del abogado defensor, los empleados despedidos hicieron uso de esa herramienta administrativa y en el día de hoy lo presentaron ante la Fiscalía de Estado Municipal.

La esposa de uno de los empleados despedido autorizó la difusión del escrito que aquí reproducimos de manera completa, sin opiniones ni adjetivaciones.

RECURSO: Sr. Intendente Municipal
Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger (Cba.)
Sr. Roberto Luis PACHECO.
S/D.
DOMINGO MARCIAL MANAVELLA y ADRIAN MANUEL ACUÑA, en tiempo propio y conforme lo prescribe el art. 43 de la Ordenanza N° 261/86/A (Estatuto del Empleado Público) venimos a interponer Recurso de Reconsideración en contra del Decreto N° 045/2020 del D.E.M. del que fuimos notificados con fecha 26/06/2020 a la hora 18:23 y hora 18:23 respectivamente.
El mentado dispositivo legal establece: “De los Actos del Departamento Ejecutivo: Cuando el agente considere que ha sido lesionado en alguno de sus derechos a que se refiere el presente Estatuto, por un acto del Departamento Ejecutivo, podrá interponer dentro del término de tres (3) días recurso de reconsideración ante dicha autoridad, quién deberá resolverlo dentro del plazo de diez (10) días. El presente recurso será siempre en efecto devolutivo, salvo que expresamente se conceda en efecto suspensivo”
La resolución que nos agravia, materia de esta reposición, en su parte pertinente establece:
Art. 2°. Dejar cesante de la Administración Pública Municipal al Sr. Adrian Manuel ACUÑA, DNI. N° 33.033904, Legajo N° 516, por la causal prevista en el art. 56 inc. b) del Estatuto del Empleado Municipal Ordenanza N° 261/86/A, esto es, el incumplimiento grave de la obligación de observar en el servicio y fuera de él, una conducta decorosa y digna de la consideración y confianza que su estado oficial exige, por aplicación del art. 65, 68 inc. j) y concordantes del EEM.
Art. 3°. Dejar cesante de la Administración Pública Municipal al Sr. Domingo Marcial MANAVELLA, DNI. N° 20.141.589, Legajo N° 139 por la causal prevista en el art. 56 inc. b) del Estatuto del Empleado Municipal Ordenanza N° 261/86/A, esto es, el incumplimiento grave de la obligación de observar en el servicio y fuera de él, una conducta decorosa y digna de la consideración y confianza que su estado oficial exige, por aplicación del art. 65, 68 inc. j) y concordantes del EEM.
A mérito de los argumentos que se expondrán en el intento recursivo, solicitamos se revoque el Decreto de Cesantía, reintegrándonos nuestro estado de agentes municipales.
Subsidiariamente dejamos interpuesto Recurso Jerárquico ante ese Departamento Ejecutivo Municipal.
II.-ANTECEDENTES- CONSIDERACIONES.
En prieta síntesis, atento el escaso tiempo que otorga el art 42 del Estatuto (3 días), para la interposición de la presente vía recursiva, más tratándose de un Expte. Sumarial de 361 fojas, se conspira con nuestro derecho de defensa .
Sintéticamente la base argumental, cabeza del sumario se origina en la construcción de 128 nichos y un depósito en el cementerio local que realizaramos en carácter de contratistas, o sea como trabajadores autónomos, fuera del horario de trabajo como agentes de la Municipalidad, habiendo presupuestado por dichas tareas en la suma de $ 1.630.000 en concepto de materiales y mano de obra.
Tareas para la cual sub contratamos como ayudantes a los Sres. Martín Alvarez y José Martínez, también empleados municipales. Que dicha modalidad de trabajo era habitual en la Municipalidad, es decir, la realización de diversas obras con sus propios agentes quienes actuaban fuera de su horario de trabajo como personal independiente. Así tenemos que durante el transcurso del año 2018, quién fuera superior jerarquico Cr.. GIOVAGNOLI le recomendó al compareciente Domingo Marcial GIOVAGNOLI se inscribiera ante la A.F.I.P. como Monotributista para facturar por los trabajos que realizaba. Así es que el nombrado con fechas 18/03/2018 y 04/04/2018 emitió a nombre de la Municipalidad las facturas N° 00000004 y N° 00000006 a nombre de la Municipalidad de Corral de Bustos por trabajos de monolito y techos de nichos en el cementerio local.
Que también es relevante la declaración del Sr. Intendente Municipal en la sesión del HCD de fecha 24/10/2019 (Acta N° 1437 fs. 247 y ss.), al responder un pedido de informes del Bloque de Consejales del Partido Juntos por Corral de Bustos.- Anteuna pregunta del Consejal ZOZULA, sobre cuanto se pacto con esta gente (refiriéndose a MANAVELLA y ACUÑA). Que a mi me pasaron la información que se arreglaron por 1.600.000 por mano de obra y material incluido. A lo que el Sr. Intendente manifestó: Sí.. Es así. $ 521.000 era mano de obra; $ 800.000 materiales y $ 300.000 por un salón.
Entonces si la cosa fue así cabe preguntarse porqué motivo la Municipalidad pactó a través de su área específica con los sumariado el costo de una construcción por materiales y mano de obra cuando la mencionada obra se realizaría por administración municipal.
Evidentemente porque los sumariados actuaban como contratistas independientes.
Que obviamente en el sub exámen la Municipalidad no instrumentó por escrito la contratación de servicios con los sumariados ya que por el importe económico de los trabajo y materiales ($ 1.630.000) debió haber recurrido al procedimiento de concurso de precios y licitatorio contemplados en la Ley de Presupuesto Anual, al margen de que tal accionar por parte de la Municipalidad resultó desajustada a derecho o éticamente reprochable al contratar a sujetos que revistan simultáneamente la calidad de agentes municipales. .
Pero se obvió el procedimiento que legalmente correspondía (concurso de precios o licitación) abonando los trabajos mediante la modalidad de horas extras haciendo intervenir a varios sujetos para distribuir entre todos ellos el costo de la obra.
Ya que si el costo de la obra se liquidaban en concepto de horas extras a las cuatro personas que prestaron servicios en la construcción de los nichos, las liquidaciones y/o pagos hubieran resultado exorbitantes.
Debemos decir que el procedimiento no fue claro ni transparente, casi rozando con la figura del art. 260 del Código Penal (Malversación de Caudales Públicos).
Se dijo en las conclusiones sumariales que los imputados semanalmente pasaban un listado del personal que prestaba servicios en la construcción de los nichos para la liquidación de sus haberes.
Pero ello es falso, los listados eran confeccionados por la propia Municipalidad quién emitía los cheques a diversos destinatarios bajo la modalidad de horas extras para que el importe de esos valores fueran percibidos por los sumariados en concepto de pago por las obras del cementerio.
La objetivada fue la realidad de los acontecimientos y eventualmente será materia de debate ante la autoridad judicial, ante la hipótesis -que sólo admito por esa vía-, de que esta presentación recursiva no prospere.
III.- CUESTION PREVIA – NULIDAD DE LA RESOLUCION – FUNDAMENTOS.
Como cuestión previa venimos a plantear la nulidad del Decreto de Cesantía N° 045/2020, ya que al no proveerse, o mejor dicho, denegarse diversas pruebas se viola de manera flagrante el derecho de defesa y el debido proceso adjetivo que debe observarse en este tipo de actuaciones.
En efecto. A fs. 217 del sumario la defensora de los imputados solicitó la realización de un careo entre los testigos que declararon es estas actuaciones, Sres. Fabián VELEZ, Santiago GIOVAGNOLI y Leandro SELLA atento las graves inconsistencias y contradicciones en sus deposiciones, conforme lo prevé el art. 88 Punto 15 del Decreto N° 89/86 A Reglamentario del Estatuto del Empleado Municipal.
A fs. 323 (proveído de fecha 17/03/2020), la Instructora Sumariante arbitrariamente deniega la prueba solicitada por la defensa porque a su criterio no se observan discrepancias obre hechos o circunstancias importantes relatados por los testigos. A lo que a lo solicitado no ha lugar por improcedente.
Todo ello sin fundamentar debidamente la denegatoria.
A fs. 195/197 la defensora de los sumariados ofreció como prueba el testimonio oral del Sr. Intendente Municipal Don Roberto PACHECO bajo la modalidad de absolución de posiciones.
A fs. 287 (Resolución N° 7 de la Fiscalía de Estado, la Instructora Sumariante luego de una serie de consideraciones no hace lugar al testimonio oral del Sr. Intendente Municipal , fijando fecha de audiencia para la apertura del pliego en base al cual se realizará el pedido de informe al Sr. Intendente.
A fs. 322 el Sr. Intendente manifiesta que no contestará el pliego de preguntas solicitado por la defensa de los sumariados.
Todo lo cual torna la decisión de cesantia nula y arbitraria porque la misma no se sustenta en los hechos ni antecedentes que le sirven de causa ni en el derecho aplicable, no meritua y evade las claras peticiones formuladas y la misma adolece de motivación ya que no expresa las razones concretas que lo llevan a condenar a los encartados.
Es un principio elemental del procedimiento, que frente a un hecho controvertido, se debe admitir y producir la prueba ofrecida.
También es un principio elemental, que para que la prueba se produzca, es necesario que el hecho a probar sea conducente a la solución de la controversia.
Y en este caso lo es, porque si se hubiese producido, ello hubiera permitido acreditar la falacia de que esta impregnado este procedimiento y por tanto la resolución final de cesantía sería diametralmente opuesta.
De ello se colige la palmaria violación de nuestro derecho subjetivo de probar, el cual está receptado en el texto municipal (Estatuto) y en todas las leyes de procedimiento administrativo de la República Argentina.
Por ende, la conducta señalada deviene arbitraria y afecta el acto administrativo dictado con la tacha de nulidad absoluta e insanable.
Que todo ello encuentra fundamento en la garantía establecida en el art. 18 de la constitución Nacional, ya que nunca puede la autoridad administrativa aplicar sanciones al administrado sin otorgarle la posibilidad de probar los extremos que invoca en su favor, lo que violenta de forma evidente nuestro sistema de derechos y garantías en materia penal y administrativa.
En razón de ello, resulta evidente que el acto administrativo de cesantía es nulo de nulidad absoluta, ya que el derecho al debido proceso ha sido violentado en forma indudable en la actuación sumarial y su consecuente el Decreto N° 045/2020 del D.E.M.
Por ello solicitamos se declare la nulidad de todo lo actuado, se ordene el archivo de las actuaciones y se nos reintegre en nuestro estado de agentes municipales en la categoría y escalafón que estábamos situados con anterioridad al inicio del presente sumario, por así corresponder en derecho
IV.- LA SANCION DE CESANTIA – VIOLACION AL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD DE LA PENA.
Se encuadra normativamente en el art. 56 inc. b) del Estatuto del Empleado Municipal, en función de los arts. 65, 68 inc. j) y cc. del mismo plexo normativo, o sea observar en el servicio y fuera de él, una conducta decorosa y digna de la consideración y confianza que su estado oficial exige (art. 56 inc.b).
En primer término y tal como se dijo en el Alegato producido por los sumariados (fs. 337/345), en el Decreto N° 074/2019 que dispone la apertura de la instancia sumarial se formula una imputación genérica, invocando el incumplimiento de deberes y obligaciones que les competen como empleados (art. 56 del Estatuto del Empleado Municipal), sin especificar y particularizar cuál de los deberes y obligaciones allí enunciados fueron supuestamente incumplidos.
La imputación de la conducta reprochada resulta vaga e indeterminada y ello conspiró con el derecho de defensa que tiene garantía constitucional (art. 18 C.N.)
Recién aparece en el Decreto de Cesantía, es decir, finalizada la actuación sumarial que el hecho enrostrado se tipificaría como violación al DEBER DE CONFIANZA. Precisamente un hecho del cual no fueron intimados los sumariados al ejercer su defensa material.
La imputación concreta y determinada implica necesariamente una descripción de un acontecimiento en el que estén presentes todas las circunstancias de modo, tiempo, lugar y sujetos involucrados en el hecho bajo investigación. La descripción correcta de los hechos y sus circunstancias posibilita el efectivo ejercicio del derecho a una defensa eficaz e impide el estado de indefensión frente al proceso, facilitando además el cumplimiento de la función delimitadora del objeto procesal, como condición de garantía para todos los intervinientes en sus actos.
Por ello surge evidente que la acusación formulada mediante el Decreto 074/2019 resulta nula de nulidad absoluta e insanable por adolecer de defectos sustancias y procesales que afectan el derecho de defensa de los comparecientes y las garantías procesales y constitucionales que les asiste.
Desde otro costado cuadra decir que la resolución de cesantía atacada también debe revocarse por las siguientes razones.
La sanción impuesta no guarda proporción ni razonabilidad respecto a la supuesta falta cometida, violando el acto decisorio al violarse el principio constitucional innominado de la razonabilidad (art. 28 C.N.).
Ello porque se aplicó a los recurrentes prácticamente el máximo de la escala prevista por el Régimen Disciplinario del Estatuto del Empleado Municipal (Cesantía), sin tener en cuenta la antigüedad en el servicio de más de veinte (20) años de Manavella y doce (12) años aproximadamente de Acuña.
Además tampoco se tuvo en cuenta la falta de antecedentes computables para los sumariados o las circunstancias de hecho existentes para la graduación de la pena.
Por ello de confirmarse la sanción impuesta en el resolutorio recurrido se estaría vulnerando el Principio de Proporcionalidad o Razonabilidad de la Pena, contenido en el art. 28 de nuestra Carta Magna, ya que la imposición resulta excesiva para el fin buscado.
En este caso, no existe parangón posible entre el supuesto hecho cometido y la sanción impuesta. Existe un evidente conflicto entre exceso de punición y el principio de razonabilidad, siendo que ningún perjuicio se le ocasionó a la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger. como afirmó el Sr. Intendente Municipal a los miembros del HCD. en la sesión de fecha 24/10/2019 (fs. 248).
Por lo expuesto, y teniendo siempre presente que la razonabilidad de una sanción implica una necesaria correspondencia entre el bien jurídico protegido por la norma y el grado de afectación que debe soportar el presunto infractor en el bien jurídico propio, es que afirmamos en esta instancia que se ha menoscabado el Principio de Proporcionalidad o Razonabilidad de la pena, consagrado en el art. 28 de nuestra Carta Magna.
Por otra parte el Régimen Disciplinario del Estatuto (arts. 64 y sgts.) establece distintas alternativas para graduar una sanción (apercibimiento, suspensión hasta 30 días corridos; cesantía y exoneración). Correspondía en este caso a quién deba aplicar la sanción, valorar circunstancias objetivas y subjetivas que permitan graduar la misma, conforme las pautas contenidas en los arts. 40 y 41 del Código Penal.
De las constancias del sumario no surge que se haya configurado en el presente caso ninguna circunstancia que permitan agravar a casi el máximo de la escala sancionatoria la pena prevista para la supuesta infracción.
Deja entonces de lado la resolución en crisis la posibilidad material de tener en cuenta otras consideraciones relevantes para la aplicación dela pena e incurre en un exceso reglamentario por alterar la letra y espíritu del Estatuto y del sistema sancionatorio en general.
Ello configura un obrar contrario a los claros preceptos que surgen de la Constitución Nacional.
V.- HACEN RESERVA.
Basándonos en GORDILLO, Agustín “Tratado de Derecho Administrativo”, “quién tiene un derecho subjetivo puede reclamar el reconocimiento de él tanto ante la propia administración como ante la justicia; si la administración no le reconoce su derecho, él puede demandarla judicialmente al efecto. Además el individuo puede pedir no solo la extinción del acto que lo afecta en su derecho subjetivo, sino también las indemnizaciones que sean pertinentes por los daños que tal acto le haya ocasionado”, es que de ser denegado y/o silencio de lo peticionado en el presente escrito interpondremos la acción judicial correspondiente conforme lo establece el art. 44 del Estatuto del Empleado Municipal. DENEGACION TACITA.
Vencido el plazo fijado que el art. 44 del Estatuto le concede al Departamento Ejecutivo Municipal para pronunciarse sobre el recurso interpuesto, se interpretará como denegación tácita, quedando expedita la vía contencioso administrativa prevista en el Código Contencioso Administrativo Ley 7182 y sus modificatorias.
VI.- PETITORIO.
Por lo expuesto al Sr. Intendente Municipal solicitamos:
1) Tenga por interpuesto en tiempo y forma el presente Recurso de Reconsideración en contra del Decreto 045/2020 del D.E.M. y Recurso Jerarquico en subsidio.
2) Oportunamente y previo trámite administrativo se declare la nulidad del Decreto 045/2020 por los motivos expuestos.
3) En definitiva se haga lugar a este intento recursivo notificando fehacientemente la resolución adoptada.
4) Tenga presente la reserva efectuada al Punto V) de recurrir a la jurisdicción contencioso administrativo ante le eventualidad hipotética de un resultado adverso de nuestra pretensión
Saludamos a Ud. muy atte.

FOTOGRAFÍA: ESTACION ISLA VERDE